La última reforma laboral impuesta por el gobierno se suma a otras 52 ya realizadas desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en 1980. Todas insisten en la moderación salarial, la reducción de las prestaciones por desempleo, el abaratamiento del despido, la facilitación de la contratación temporal, el debilitamiento de los mecanismos de presión sindical y la facilitación de los despidos masivos a través de EREs.
Lo que se pretende con esta reforma es, en teoría, incentivar la contratación, incrementar así el nivel de empleo, que los nuevos trabajadores reactiven el consumo, con él la inversión y el crecimiento económico. Lo que se hace es reducir los costes laborales con dos supuestos objetivos: animar la contratación y hacer más competitivos nuestros productos y servicios.
Pero el empleo depende de la estructura productiva y se crea en la medida en que las empresas tengan previsión de aumentar sus ventas. Bajar los salarios deprime la capacidad adquisitiva de los trabajadores, lo que reduce la demanda, el consumo, y las ventas, por lo cual el empresario no necesitará nueva fuerza de trabajo, más bien al contrario. Nos dicen que si bajamos salarios competiremos internacionalmente, pero si todos hacen lo mismo se anula esa ventaja a costa del bienestar de las personas y en beneficio de unos pocos.
Lejos de promoverse políticas expansivas que permitan reactivar la economía y el empleo, más allá de procurar un cambio de modelo que suponga el desarrollo y valorización de aquellas actividades y sectores que podrían propiciar una mayor sostenibilidad económica, social y ambiental, antes que regular un mercado financiero predador que produce continuos desequilibrios en todos los ámbitos, se alimenta un estado de las cosas en el que las desigualdades son ostensibles y crecientes.
Es evidente que esta reforma no puede conseguir generar empleo, porque la causa del actual aumento del desempleo no reside en la regulación laboral, sino en los mercados de bienes y servicios, devastados por la crisis financiera. La degradación de las condiciones de trabajo es una conquista de las grandes oligarquías empresariales, no una forma de generar empleo. Las medidas implementadas producirán necesariamente una transferencia de renta de los trabajadores y pymes hacia las grandes empresas y fortunas: un avance más del capitalismo, un paso más en la estafa.
Ese es el objetivo ideológico que hay detrás de esta reforma: una reivindicación de clase, sí, pero de la clase empresarial oligárquica.
Documento elaborado por Asamblea de Malasaña- Economía Sol – Marcha Roja y Juventud sin futuro
